En defensa de la ciudad Alcalde Armando Calidonio aseguró que como autoridades harán uso de la ley para hacer valer los derechos de los Sampedranos

Juzgados9EN CASO DE DEMANDA DE LA FAMILIA GALDÁMEZ-PRIETO…
 
En defensa de la ciudad Alcalde Armando Calidonio aseguró que como autoridades harán uso de la ley para hacer valer los derechos de los Sampedranos
 
*Tras finalizar la audiencia probatoria la jueza Edna Judith Gonzales Cubero suspendió el proceso, ya que esperará a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la Sala de lo Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la misma, en el tema de la Caución (Garantía)”.
 
El alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio Alvarado, junto a miembros de la Corporación Municipal y la vicealcaldesa Lilia umaña, se presentaron a la audiencia probatoria por la demanda promovida por la familia Galdámez-Prieto, contra la Municipalidad sampedrana, por el supuesto incumplimiento de contrato de arrendamiento de bienes inmuebles e indemnización de daños y perjuicios por un monto de aproximadamente mil millones de lempiras.
 
La audiencia se desarrolló en la sala cuatro de los Juzgados de lo Civil, en el edificio del Poder Judicial de este término municipal, donde el jefe edilicio fue también acompañado de los apoderados legales, defendiendo así los derechos de los sampedranos ante la millonaria demanda, heredada por administraciones anteriores.
 
Durante la audiencia la jueza Edna Judith Gonzales Cubero, que lleva el caso de la demanda, hizo pasar para un interrogatorio de parte, a solicitud de la defensa municipal, a los tres hermanos Galdámez Prieto, dejando claro que la finalización del contrato de arrendamiento fue efectuado por estos a través de una nota de cesación de contrato.
 
Ante ese panorama, el alcalde sampedrano, Armando Calidonio Alvarado, explicó que “continuamos con el proceso, y hemos tomado todas las acciones que en derecho nos corresponde, por lo que esperamos que al final los resultados sean positivos, ya que es un tema de legalidad, de derecho, y también de defensa no de Armando Calidonio, sino de defensa de la ciudad y de todos y cada uno de los ciudadanos, porque un hecho como este sería lamentable que bajo cualquier punto tuviera una incidencia negativa para la ciudad”.
 
Recalcó que el tema del monto es gigantesco desproporcionado, completamente fuera de la realidad, pero es un tema que no hay derecho para eso, por ellos esperamos que se tomen las decisiones adecuadas, en ese sentido estamos muy atentos de cada detalle y siguiendo con el proceso mismo que se ha respetado”.
 
El alcalde Calidonio, además fue claro al asegurar que “no les asiste el derecho de absolutamente nada, y por eso nos sorprende a nosotros que haya llegado hasta este nivel, pero seguimos con este proceso, el cual es además motivo de estudio, y por ello hemos  puesto una denuncia pública, ya que va en detrimento de toda la ciudad al tratar con esta demanda de que en un año no se haga ni una obra en la ciudad, lo cual no es posible”.
 
Continuó que cuentan con las pruebas necesarias, y que le extraña que el proceso haya llegado hasta este nivel, al tiempo que refirió que la denuncia contra la jueza Gonzáles-Cubero, ya está en la inspectoría de tribunales, además de acudir al Ministerio Público, haciendo todo lo que corresponde en base a ley.
 
Tras la audiencia de probatorio, el apoderado legal de la Municipalidad, Porfirio Díaz, explicó que la audiencia consiste en un interrogatorio de partes, para los demandantes Galdámez-Prieto, en la cual la defensa municipal, pretendió establecer varios aspectos importantes, como por ejemplo dejar establecido el tema de la vigencia contrato, el cual es de suma importancia, pues en esto se establecen todos los aspectos.
De igual manera dejaron claro que quieren finalizaron los contratos de arrendamiento fueron ellos mismos, no fue la comuna, sino que ellos (Galdámez-Prieto) al presentar unas notas de cesación de contrato, establecido la ley que quien notifica la finalización de un contrato no podrá negarlo después, y tampoco eso implicará que hay una prórroga del mismo aunque exista la ocupación del inmueble.
 
De igual forma en divo interrogatorio de parte, Díaz aseguró que dejaron claro, lo que era el tema de la usura, el cual siendo un interés del cinco por ciento diario, es decir un interés del mil 800 por ciento anual, es constitutivo de delito, por lo que ante el juzgado se dejó claro para que la juez lo valore.
 
“En las conclusiones de la demanda, nosotros argumentamos los 17 puntos en lo que basamos nuestra defensa, mismos que fueron desarrollados. La municipalidad dejó establecido cuales son las defensas que tenemos, así como las excepciones, como la de prescripción, ya que se hablan de contrato de agosto del año 2008, con una demanda desde el 2014, transcurriendo los dos años que la ley permite, luego de este tiempo prescribe”, enfatizó el togado.
 
Bajo ese panorama, Díaz aseguró que esta demanda es contra cada uno de los vecinos de San Pedro Sula, ya que una condena de más de mil millones de lempiras implicaría no tener  obras durante más de un año.
 
ANTECEDENTES
 
La alcaldía pago en su totalidad los tres contratos de arrendamiento, mismos que finalizaron el 31 de agosto del año 2008, dichos contratos nunca fueron renovados, en ese sentido, la comuna sampedrana cumplió.
Los demandantes solicitan el pago de intereses equivalente al 150 por ciento mensual, que suma anualmente  mil 800 por ciento.
El demandante pretende cobrarle a la Municipalidad la suma de 929 millones 406 mil 700 lempiras por concepto de supuestas rentas adeudada y un recargo con un interés.
 
El  citado predio fue arrendado en la administración del ex alcalde Rodolfo Padilla Sunseri en el año 2007, por un periodo de un año, el cual ya venció.
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